Exdirectivos de El Corte Inglés, Inditex y Scalpers ultiman su apuesta por la omnicanalidad

Poco más de seis meses. Ese es el tiempo que tendrán que esperar Amazon y El Corte Inglés para enfrentarse a un nuevo competidor en el panorama del ecommerce: Wow. Así lo ha hecho saber Dimas Gimeno, expresidente del buque insignia de la marca España, asegurando que, a partir de ese momento, el sector del retail en el país vivirá una “revolución” gracias a una experiencia de compra única y diferencial.

Concretamente, la nueva firma estará liderada por Hugo Cortada y Rafael Medina, cofundador de Scalpers y exdirectivo en Massimo Dutti (Inditex), que acompañarán a Gimeno en su particular proyecto de ofrecer a los clientes una plataforma ‘phygital’.

Según lo previsto, este sistema combinará un marketplace con ubicaciones físicas únicas y un potente plan de expansión a nivel internacional.

Diez millones de financiación

Tras levantar una ronda de financiación de 2,8 millones de euros en octubre, la empresa inició su andadura con el apoyo del fondo de inversión estadounidense FjLab, contando también con la participación de otras compañías de ecommerce como Alibaba, Wish, Wallapop, Vinted y Deporvillage.

Ahora, Wow ultima el cierre de una segunda ronda de financiación, de un total de siete millones de euros. Según han explicado, la ronda se encuentra pendiente del tramo final y servirá para hacer frente a las necesidades de financiación de los próximos doce meses.

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Un paso más en la omnicanalidad

El marketplace, puntualiza Gimeno, ofrecerá a los usuarios una amplia variedad de productos de todo el globo en las categorías de moda, hogar, ocio y hostelería. La diferencia con otras plataformas existentes, asegura, es que el site ofertará artículos que solo se podrían encontrar en tiendas de las principales capitales del mundo.

La estrategia de venta online se verá reforzada al mismo tiempo con un canal offline efímero, con puntos de venta físicos que cambiaran por completo sus ofertas cada seis meses.

El Gobierno promete alejar al transporte profesional del ‘pago por uso’

Si la implantación de peajes a partir de 2024, esbozada por el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, finalmente alcanza el consenso, el Ejecutivo buscará alternativas para dejar exento de pago al sector del transporte.

De concretarse la medida, apuntaba el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, el Gobierno está dispuesto a debatir las compensaciones por el pago de los peajes en las carreteras que ha planteado el proyecto, sobre todo en lo que respecta a los transportistas profesionales.

Equilibrar las cuentas

Si bien el secretario ha defendido que esta es una medida “justa” porque pagarán por la carretera aquellos que la usan, además de impulsar el éxodo a otras formas de transporte menos contaminantes como el ferrocarril, desde que se anunciara esta propuesta han sido numerosas las voces que se han alzado contra los nuevos peajes.

“El consumidor final va a ver cómo el precio de todos los productos sube porque prácticamente todo se transporta en un camión”, adelantaba el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz.

En el caso de que al sector del transporte se le aplicase el céntimo por kilómetro que el Gobierno maneja como el precio que rondarían los futuros peajes, atravesar el país de punta a punta podría suponer un coste adicional de 16 euros por tráiler.

Por otra parte, si se aplicara en base a lo calculado por la patronal de las concesionarias (Seopan) para gravar este tipo de vehículos, que estaría estimado en unos 19 céntimos, esta partida adicional se dispararía hasta los 150 euros.

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De pagar, ¿cuál es la solución?

Más allá de las consecuencias sobre la competitividad del sector y la seguridad de los profesionales, de los que ya alertaba ASTIC la semana pasada, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), ha apuntado que, si se opta finalmente por llevar adelante los planes presentados a Bruselas, el modelo que mejor encajaría sería el del pago de una viñeta anual, como ya se hace en Austria o Hungría.

Para Juan José Gil, secretario general de la Federación, la instalación de pórticos que controlen los coches que circulan para después aplicarlos es un método muy costoso del que las principales beneficiarias serían las empresas concesionarias que los gestionan.

Pago por uso: 4 claves para entender por qué el transporte rechaza “la tasa tóxica»

Toca sacar el calendario y apuntar: 2024. A partir de ese momento, los españoles tendrán que calcular el coste de todos sus viajes y no, no hablamos del tiempo o la gasolina, hablamos de peajes. La política del ‘pago por uso’, unido al principio de ‘el que contamina paga’, ha quedado recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, de alcanzar el consenso, supondrá la implantación de nuevos pagos en la red de carreteras del Estado.

La noticia no ha tardado en generar opiniones a favor y en contra de esta iniciativa que, para el transporte de mercancías, supone la llegada de una “tasa tóxica”, tanto para su actividad en particular y como para la economía en general.

La patronal española del transporte internacional por carretera, ASTIC, dando un paso al frente, ha querido exponer las cuatro razones que han llevado al sector a rechazar de forma frontal la medida propuesta por el Gobierno, alegando motivaciones económicas y de seguridad vial.

Presión fiscal duplicada

Los usuarios de las carreteras españolas, tanto particulares como profesionales del transporte, apuntan desde ASTIC, “ya pagamos mucho más de lo que costamos con nuestros impuestos sobre el combustible”.

Según la asociación, teniendo en cuenta solo el Impuesto Especial de Hidrocarburos, los usuarios de la carretera generan anualmente unos 11.000 millones de euros de ingresos en las arcas públicas. En el caso del transporte profesional, un tercio del coste total operativo corresponde al gasto en combustible, a lo que hay que sumar otra serie de gravámenes, tasas y cargas varias ligadas a la actividad.

Por ello, para ASTIC esta tasa es, en realidad, un “repago”.

Toxicidad para la economía

La denominada como “tasa tóxica” por el transporte de mercancías apunta a los efectos que esta medida tendría sobre la competitividad de la economía española, ya que “encarecería el precio de nuestros productos y lastraría la competitividad del pujante sector exterior de bienes, uno de los principales cimientos de nuestro PIB; y de servicios como es el sustancial volumen de turistas que nos visitan por carretera”.

En España, el 95 por ciento del movimiento terrestre de mercancías y el 85 por ciento del de personas tiene lugar por carretera, gran parte de él en autobuses y autocares.

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El que contamina, paga

Uno de los motivos que se esgrimen, además del coste de mantenimiento de la infraestructura, es imponer estos peajes para reducir el impacto de la carretera sobre el medio ambiente, bajo la premisa de «quien contamina paga».

Sin embargo, ASTIC ha salido en defensa del sector, subrayando que el transporte profesional por carretera en la UE representa menos del 6 por ciento de las emisiones de CO2, es decir, el 0,5 por ciento del total mundial.

Más siniestralidad

Finalmente, la organización ha puesto el foco en la seguridad de los usuarios de las vías que, aclaran, buscarán alternativas para evitar los peajes, exponiéndose a carreteras más peligrosas o en peores condiciones. Por tanto, el tráfico se derivará a vías secundarias, algunas de ellas, con déficit de mantenimiento y conservación.

Para Ramón Valdivia, director general de ASTIC, la existencia de estas infraestructuras permite que la sociedad sea mucho más eficiente, cohesionada y próspera, por lo debe estar sufragada entre todos, “ya que sin duda todos nos beneficiamos de la existencia de una buena red de carreteras; pero hay que insistir en que los usuarios ya pagamos con creces vía impuestos de hidrocarburos”.

“En el reto de la electromovilidad todos tienen claro el qué, pero no los cómo”

Cuando se trata de vehículos eléctricos puros, Europa Occidental es el punto de acceso global, con más de 700.000 unidades vendidas en 2020. Sin embargo, la historia cambia cuando la cuestión es mover mercancías, una actividad imprescindible para la logística que, ante el reto de la electromovilidad, cuenta con más dudas que certezas.

Haciendo frente a este panorama, y con el fin de responder al mayor número de preguntas posibles en torno a la cuestión, el Grupo ‘C de Comunicación’, a través de las áreas de Logística y Material Eléctrico, organizó este jueves la jornada “Los retos de la electromovilidad para los operadores logísticos”. La cita, que se celebró en formato virtual a causa de la pandemia, reunió a directivos de UNO Logística, CITET, AEDIVE, ABB, Circutor, Schneider Electric, Gewiss Ibérica e Invicta Electric.

La logística: clave para un futuro eléctrico

Si bien la matriculación de los vehículos eléctricos ha caído un 25 por ciento en el último año, en el caso de los vehículos comerciales y de última milla la logística está revirtiendo la tendencia. Y es que, como apuntaba Filippo Rivanera, director comercial de Invicta Electric, partner de movilidad del encuentro, “se están generando unas tendencias en la movilidad urbana que van a impulsar nuevas necesidades y reglas”.

Ante este panorama cambiante, algunos de los principales actores del ecosistema de la electromovilidad, como ABB, lo tienen claro: “siempre digo que las flotas logísticas son las que van a impulsar la movilidad eléctrica”, apuntaba Álvaro Vázquez, director de negocio – movilidad eléctrica de la firma.

Así, “cuando parecía que estaba todo hecho, siguen apareciendo nuevas necesidades y normativas”, señalaba Raúl Llamazares, product manager de e-Movilidad de Gewiss Ibérica, refrendando la posición de su contertulio Álvaro Alcalá-Galiano, eMobility Business Development Manager de Schneider Electric, que puntualizó la necesidad de implantar “infraestructuras de recarga flexibles, escalables y fiables para responder a los retos de la movilidad eléctrica, también en el futuro”.

¿Ciudad o polígono?

En el actual contexto de descarbonización e implantación de restricciones a los vehículos diésel en numerosas ciudades, la electromovilidad se posiciona como una solución, ya no solo para reducir las emisiones – pasando de los 300kg de C02 al mes a una cuarta parte de esta cantidad en el caso de la propulsión eléctrica -, como apuntaba Joan Brossa, director de marketing del área de Vehículo Eléctrico y Energías Renovables de Circutor, sino como una alternativa para la reducción de costes, disminuyendo “de los 200 euros al mes a los 20, prácticamente una décima parte de lo que suponen los vehículos tradicionales”.

No obstante, Rafael Aguilera, director gerente de UNO Logística, abordó una de las principales preocupaciones del sector respecto a esta alternativa sostenible ambiental y económicamente: ¿Dónde deben colocarse las infraestructuras?

Para Aguilera, según la tecnología existente lo más interesante es el entorno interurbano: “Si la carga fuera rápida, sería interesante contar con las infraestructuras en las ciudades. Mientras, interesa tenerlas cerca del lugar donde se encuentran las plataformas de distribución, donde pasan más tiempo las flotas”, puntualizó.

Ramón García, director general de CITET, coincidió con lo expuesto por el representante de la patronal logística, señalando que “desde la perspectiva de lo que hay que hacer todos tienen claro el qué, pero no los cómo”, por lo que se hace imprescindible abordar dos derivas: la armonización de la normativa y la constante evolución del modelo urbano.

Convencer a los autónomos

Según García, la única manera de abordar este reto es desde un “enfoque sistémico”, ya que se tienen que dar muchas circunstancias a la vez, como la oferta, demanda, infraestructuras y visión a futuro. Ante el desafío, “hay que poner voz al usuario final”, puntualizando que las soluciones tienen que responder a las necesidades y capacidades del transporte de mercancías, actualmente impulsado en gran parte por pequeñas y medianas empresas, así como autónomos, que deben entender el potencial de esta alternativa.

Por ello, además de la necesaria regulación del sector y una oferta que, como apuntan sus expertos, se adapta a cada proyecto en particular, la verdadera clave para el éxito de estas nuevas formas de movilidad, concluye Arturo Pérez de Lucia, gerente de AEDIVE, es la colaboración entre el sector público y privado, así como entre “todos los actores implicados en la cadena de valor”.

La logística desata el apetito inversor por el producto de última milla

Los activos inmobiliarios del sector logístico, uno de los más resilientes y que mayor interés ha despertado entre los inversores, han cerrado el primer trimestre de 2021 con una variación trimestral positiva. Siguiendo la misma tendencia que el residencial multifamily, el sector se aleja cada vez más del retail y las oficinas, que en este periodo han experimentado un ligero ajuste a la baja en sus valoraciones en comparación con el trimestre anterior.

Dentro de los activos inmobiliarios de los sectores patrimonialistas, tal y como se desprende del Índice CBRE, han destacado el sector inmologístico, que ha incrementado su valor en el primer trimestre de 2021 un 1,4 por ciento, junto al residencial, con un 1,03 por ciento más.

Un apetito desatado por la última milla

Las valoraciones de los 42 activos inmologísticos analizados en el estudio arrojan una revalorización trimestral respecto al cuarto trimestre del año anterior, después de cerrar 2020 con una revalorización anual del 4 por ciento.

“Los datos de inversión y contratación del primer trimestre posicionan al sector logístico como uno de los segmentos más sólidos, destacando el creciente apetito inversor por el producto de última milla”, explica Fernando Fuente, director nacional Valuation & Advisory Services CBRE España.

Fuente añade con relación a las rentas, que se han mantenido estables en el primer trimestre debido al aumento de la oferta disponible de las naves de grado A, que “no se esperan cambios importantes en los próximos meses, si bien habrá un aumento de incentivos en nuevos contratos de arrendamiento”.

Correos niega que exista un plan para traspasar su actividad a Correos Express

En respuesta a las movilizaciones de los últimos meses en distintos puntos del país, Correos ha negado que exista un plan de privatización del operador postal público, reafirmando que su relación con Correos Express responde a “las habituales sinergias” y está delimitada por la normativa aplicable.

La empresa pública contesta así a las acusaciones vertidas en varias delegaciones de España, que durante esta semana han concentrado sus movilizaciones en Mallorca, comenzado por Manacor. Así, Correos niega rotundamente que se esté produciendo trasvase alguno de su actividad a la filial de paquetería urgente, rechazando al mismo tiempo que exista una previsión de pérdidas de 634 millones de euros para 2023.

El desplome del sector postal

A través de un comunicado, Correos ha apuntado que el 65 por ciento de sus ingresos, referentes a la actividad postal, se ha visto fuertemente afectado por la pandemia, con 560 millones de cartas menos que en 2019.

Sin embargo, no existe una previsión de pérdidas semejantes para 2023, tal y como han incidido desde la compañía, que apunta a que las pérdidas recogidas en el plan operativo anual en el ejercicio 2021 son de 77 millones.

Al respecto, Correos ha indicado que se encuentra inmerso en un proceso de transformación de su modelo de negocio que permita generar suficientes ingresos para revertir esta situación. Para ello contempla la diversificación de servicios, la internacionalización y una mejora de la eficiencia.

“Desayunos reivindicativos”

En el otro lado de la balanza, el pasado martes, los carteros de Baleares, junto con los delegados de CCOO y UGT, iniciaron una ronda de “desayunos reivindicativos” para anunciar el “desguace” de la empresa pública.

A través de estas acciones, los empleados del operador postal solicitan que el servicio público quede incluido en la agenda de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Además de reclamar un servicio “sostenible, eficaz, moderno y eficiente”, los trabajadores han solicitado al Gobierno que defina su proyecto para Correos en lo que los sindicatos están denunciando como un plan de Juan Manuel Serrano, presidente de la compañía, para convertir a Correos en “un modelo logístico, de negocio puro, al servicio del mercado”.

Inditex y Seur ceden parte de su última milla a un gigante de las VTC

La mayor compañía de autorizaciones de VTC de Madrid, Auro, ha extendido sus servicios al mundo de la paquetería. A través de motos, furgonetas y triciclos, la firma pretende acaparar la atención de nuevos clientes para nutrir una cartera que, según Hugo Arévalo, uno de los cofundadores, ya cuenta con la presencia de empresas como «Inditex, Seur o Amazon«.

NOTA: En referencia a dichas declaraciones, Amazon ha negado que exista cualquier relación comercial con Auro.

La propietaria de más de 2.000 vehículos con autorización para dar servicio de transporte en España, y uno de los principales socios de Cabify, ha decidido adentrarse de lleno en los servicios de última milla, aunque a diferencia de su compañero de negocios, este no lo hace con sus coches VTC, sino con furgonetas, motos y triciclos eléctricos, planteándose incluso la posibilidad de hacerlo con patinetes.

Más grande que el transporte de personas

Tras alcanzar acuerdos con grandes multinacionales, Arévalo ha asegurado a Business Insider España que esta es una línea de crecimiento muy importante para Auro, tanto que “creemos que puede ser una línea de negocio más grande que el transporte de personas”.

Por el momento, la empresa está dando este servicio en Madrid, Barcelona y Valencia, donde llevan desarrollando este servicio desde hace un año, representando en torno al 20 por ciento de su facturación.

Así, si hasta el momento Auro está surtiendo la entrega a clientes en las ventas por comercio electrónico de marcas como Zara en las mencionadas ciudades, está previsto cerrar acuerdos con otras compañías en los próximos meses.

Desvinculados de Cabify Envíos

Alejándose de la polémica generada por su socio Cabify, tras lanzar un servicio de paquetería a través de los propios vehículos VTC, y si bien Auro ha señalado que esta diversificación de la actividad tiene sus raíces en el impacto que la pandemia ha tenido sobre el transporte de pasajeros, la propia empresa se ha desmarcado de esta senda ya que “no hacemos el delivery con licencias VTC”.

“Esto es muy importante, lo hacemos con empresas de envío y son otros vehículos generalmente”, ha subrayado su cofundador.

A través de estas declaraciones, Auro se aleja de la polémica que ha rodeado desde sus orígenes al servicio de paquetería de Cabify que, recordemos, recibió el beneplácito de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el rechazo de organizaciones como la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que reclamaba el fin de esta vía de negocio alegando el incumplimiento de la LOTT.

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Para la CETM, el servicio de paquetería lanzado en plena pandemia, y pese a que la Comunidad de Madrid requirió el cese de esta actividad, es un ejemplo de “competencia desleal”.

“Este hecho supone un gran perjuicio para las empresas de transporte de mercancías que sí cuentan con las autorizaciones necesarias para ofrecer este tipo de servicios y se ajustan al marco normativo. Consideramos que es inadmisible que no se dé fin a esta actividad”, concluyen.

Inditex suma y sigue: nuevas protestas por la desigualdad salarial entre sus centros logísticos

Los trabajadores del centro logístico de la matriz de Zara, ubicado en León, inician su segunda semana de protestas, desde que el pasado 24 de abril comenzaran a concentrarse frente a la tienda de Zara, en la calle Ordoño II, por la “desigualdad salarial” entre las plataformas repartidas por todo el territorio español, asegurando cobrar 7.500 euros menos que otras provincias.

En la concentración de los sindicatos de UGT y CCOO, los trabajadores han denunciado ocupar el puesto once de una lista de doce centros logísticos, con el agravante, apunta Isaac Galán, presidente del comité de empresa de la Plataforma Logística de León UGT, de “ser el centro logístico de la matriz de Zara”.

Según los sindicatos mayoritarios, diez de estos centros logísticos perciben 2.800 euros anuales más que los aproximadamente 200 trabajadores con los que cuenta Inditex en la provincia. Esta diferencia se hace aún más notable al compararse con el centro que más cobra, con el cual la brecha llega a superar los 7.500 euros.

No hay pacto

La protesta iniciada a finales de mes ha sido propiciada por la falta de avance por parte de la empresa en la negociación del V pacto de articulación, realizando esta vez pitadas en las instalaciones de la empresa en el polígono industrial de Onzonilla, a la salida de uno de los turnos de trabajo.

Según han avanzado, las movilizaciones se mantendrán hasta conseguir avances significativos en la negociación, que reduzcan “la brecha salarial”.

En cuestión de 24 horas, tendrá lugar una nueva mesa de negociación, donde se espera avanzar más que en las últimas 20 reuniones de las 14 mesas de negociación, donde no se llegó a ningún acuerdo como, reclaman, “sí sucedió con otros compañeros”.

Antecedentes

Cabe recordar que hace menos de 3 meses Inditex se tuvo que enfrentar a una situación similar que puso en riesgo la logística de otra de sus firmas, en este caso Oysho.

De esta forma, en febrero, tras considerar que las condiciones laborales de la plantilla “estaban por debajo” del resto de las plataformas logísticas del Grupo Inditex, el comité de empresa de Oysho Logística convocó una huelga de jornada completa.

China alerta: el plan de Australia, India y Japón desestabilizará la cadena de suministro global

La medida de Australia, India y Japón para establecer una iniciativa que “fortalezca la capacidad de recuperación de la cadena de suministro en la región”, en lo que ha sido considerado un esfuerzo por reducir la dependencia de China, ha sido criticada por Beijing como un programa “artificial” que “podría alterar la economía mundial”.

Lanzada de forma oficial el pasado martes, la Supply Chain Resilience Initiative (SCRI) pretende desarrollar nuevas cadenas de suministro formadas a partir de proyectos comerciales conjuntos entre las tres partes, que reconocieron que la pandemia había “revelado vulnerabilidades de la supply chain a nivel mundial y regional”.

Al respecto, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, ha aclarado que “el impulso para promulgar un programa de cadena de suministro artificial no será favorable para la estabilidad de la cadena de suministro industrial global, ni para la recuperación de la economía mundial”.

Desde su punto de vista, y apelando a los países involucrados, China ha solicitado que “se respete la economía de libre mercado y las reglas comerciales”, eso sí, siempre y cuando se lleven a cabo actividades que sean beneficiosas para la confianza mutua a fin de lograr una economía global, sostenible e inclusiva.

¿Qué es la SCRI?

El SCRI tiene como objetivo reducir la dependencia de China en medio de la probabilidad de que se repitan los sucesos vividos por las cadenas de suministro en la región del Indo-Pacífico en medio de la pandemia.

El acuerdo busca aprovechar los marcos bilaterales existentes como el Plan de Acción de Resiliencia Económica Asean-Japón y la Asociación de Competitividad Industrial India-Japón y atraer inversión extranjera directa a la región.

Los proyectos iniciales de la iniciativa incluyen el intercambio de mejores prácticas y la realización de eventos de promoción de inversiones destinados a la diversificación de la cadena de suministro.

Elecciones en Madrid: la enrevesada logística detrás de las urnas y los votos del 4-M

En menos de 24 horas, Madrid dará el pistoletazo de salida para que sus ciudadanos decidan el futuro político de la región. Millones de personas elegirán al próximo representante de la Comunidad donde, ya sea a través del voto por Correo, electrónico o mediante las tradicionales urnas, la logística ha vuelto a demostrar estar al pie del cañón para responder al desafío que este evento supone.

Al ya conocido procedimiento repetido en anteriores ocasiones, el sector ha tenido que sumar un plus que, hasta ahora, Madrid no había tenido que afrontar: unas votaciones en plena pandemia mundial.

Por ello, hoy abordamos la difícil previsión, gestión y puesta a punto que la logística ha hecho del sistema de votación.

Paso 1: Correos

Hasta el 25 de abril, un total de 235.696 personas acudieron al operador postal público para ejercer por correo su derecho a voto en las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid, lo que supone un incremento cercano al 43 por ciento respecto a los últimos comicios de 2019.

A raíz de ello, Correos tendrá que hacer frente a un número sin precedentes de solicitudes, concretamente 163.207 que se han presentado de forma presencial en la red de oficinas postales y que serán entregados a las 9 de la mañana, justo antes de abrirse los colegios electorales. A partir de las 20h, estos, junto a los 72.489 tramitados de forma telemática, pasarán a formar parte del recuento habitual.

Paso 2: previsión ante la pandemia

Si bien el voto por correo sigue ganando adeptos, lo cierto es que el voto presencial continúa siendo mayoritario. En este contexto, sumado al peligro de la pandemia, la logística ha tenido que prepararse para proteger el sistema de votación y a sus intervinientes.

La Comunidad de Madrid se ha apoyado en el sector para implementar un protocolo sanitario frente al COVID-19, preparando casi cinco millones de mascarillas quirúrgicas y 124.000 tipo FFP2 para los miembros de las mesas electorales; más de 55.000 litros de gel hidroalcohólico; dos millones de guantes; 45.000 pantallas de protección facial y 9.100 litros de líquido desinfectante para las superficies.

Así lo ha detallado la consejera de Presidencia del Ejecutivo madrileño, Eugenia Carballedo, quien, acompañada por la delegada de Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha visitado el polígono industrial de La Garena, en Alcalá de Henares, donde se encuentra la nave que alberga todo el dispositivo preparado para el 4 de mayo y que ha cedido la Delegación.

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Paso 3: que vengan las urnas

“Tenemos toda la logística preparada y en distribución, tanto la habitual de cualquier proceso electoral, como la extraordinaria que se ha adquirido por la pandemia para garantizar que los más de 4,8 millones de madrileños que podrán votar de manera presencial, puedan acudir con normalidad y seguridad a sus centros electorales”, ha señalado la consejera.

En total se han impreso 96 millones de papeletas, otras 40.000 para el voto de madrileños inscritos en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) y 350.000 para el voto por correo. También se han dispuesto 9.000 urnas y 2.500 cabinas que garanticen que cada elector pueda seleccionar su papeleta de forma secreta. Y se cuenta con 450 señalizadores de colegios, 5.600 señalizadores de mesas y 3.000 palets de documentación.

Y un total de 67 personas ha trabajado en esta nave para preparar y distribuir todo el material con el objetivo de que los colegios puedan funcionar con normalidad desde la apertura de las urnas hasta el recuento final de votos.