El Corte Inglés ultima la venta de sus centros logísticos para mitigar la deuda

El grupo de grandes almacenes empezará por la logística para iniciar su plan de desinversión de activos inmobiliarios. Con el fin de reducir la deuda, El Corte Inglés ha encargado a BNP Paribas, uno de sus principales acreedores, la búsqueda de un inversor para su cartera de centros logísticos, donde guarda la mercancía que posteriormente distribuye a través de su red de tiendas.

Este es el primer paso de una estrategia para obtener unos 2.000 millones de euros en ingresos extraordinarios con los que, apunta El Confidencial, la compañía pretende reducir el aumento de la deuda provocado por la pandemia.

Los nombres detrás de esta macroperación, según el medio, son Jean-Bernard Gaudin, director nacional de Industrial y Logística, y Fernando Sauras, director de Inversión del mismo departamento. Ambos ejecutivos de BNP estarán al cargo de diseñar el cuaderno de venta de estos activos.

1,2 millones de metros cuadrados y 400 millones de euros

Con Marta Álvarez a la cabeza, el grupo cuenta con una división logística de 1,2 millones de metros cuadrados divididos en 50 almacenes, tanto centrales como regionales. Asimismo, también posé almacenes en sus puntos de venta en España y Portugal, entre los que transitan un millar de tráileres diariamente.

En base a estas informaciones, el acreedor ha valorado estos activos logísticos, en los que trabajan alrededor de 5.000 personas, en unos 400 millones de euros.

Continúa el proyecto de última milla

Si bien el holding dirigido por Víctor del Pozo será el responsable de dar salida a esta macrocartera, todo apunta a que BNP solo se encargará de la venta de una parte de los activos.

Previsiblemente, el resto servirán al proyecto de El Corte Inglés de crear una filial para la última milla que dé servicios a sus propios puntos de venta y a terceros. Es decir, a pesar de deshacerse de algunas infraestructuras, el grupo seguirá apostando por la logística, para la cual aprovechará sus enlaces de distribución.

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Triple apuesta de Amazon en Cataluña: así serán sus nuevas estaciones logísticas

Como parte de su objetivo por acortar los tiempos de entrega, Amazon ha anunciado la apertura de tres nuevas estaciones logísticas en la región catalana. Concretamente, el gigante del ecommerce reforzará su músculo en Barcelona, Montcada y Mollet del Vallès, creando para ello 270 nuevos puestos de trabajo.

Las nuevas inversiones supondrán un impulso a la última milla de Amazon en Cataluña, donde la firma contaba ya con 3 estaciones logísticas en Zona Franca, Rubí y Martorelles, y anunció la semana pasada una nueva estación en Tarragona.

Barcelona

En octubre de este año comenzará a funcionar el edificio de más de 10.700 metros cuadrados que Amazon ha proyectado en la capital catalana.

Además de crear 60 puestos de trabajo fijos, está previsto que se dé pie a más de 400 oportunidades de trabajo indirecto para repartidores de las 6 empresas de reparto colaboradoras.

Mollet del Vallès

En el mismo periodo también se espera el inicio de la actividad de los 10.400 metros cuadrados ubicados en el polígono industrial Can Magarola, en Avenida Can Magarola.

Creará casi 130 puestos de trabajo fijos, además de las más de 170 oportunidades de trabajo indirecto para repartidores de las 6 empresas de reparto con la que Amazon colaborará en esta localidad.

Montcada y Reixach

Finalmente, el edificio de más de 13.490 metros cuadrados ubicado en Placita d’en Coll, en Carrer Fresser, también comenzará a funcionar en otoño de este año, generando más de 80 puestos de trabajo fijos, así como oportunidades de trabajo indirecto para más de 230 repartidores que trabajarán para las 8 empresas colaboradoras de reparto locales.

Amazon España firma la paz en su primer centro logístico tras tres años de conflicto

Después del estallido del conflicto laboral en el primer almacén de Amazon en España, hace poco más de tres años, la multinacional y los trabajadores del MAD4 en San Fernando de Henares, Madrid, han conseguido alcanzar un acuerdo. Aprobado por una estrecha diferencia, de los 2.428 trabajadores fijos discontinuos y continuos que estaban citados a votar, solo participaron 957.

Así, con 537 votos a favor y 418 en contra, el acuerdo ha conseguido poner fin a un largo conflicto entre los trabajadores y el gigante del comercio electrónico, que ahora reconoce ciertos derechos laborales que quedaron anulados, entonces, para la plantilla de dicho almacén.

“Gracias a estos acuerdos se mantendrán unas condiciones mínimas que, ahora, pueden ser reclamadas porque se han convertido en derechos”, aclara Douglas Harper, el delegado de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa de Amazon en San Fernando. Sin embargo, no todas las fuerzas sindicales se han posicionado a favor de esta decisión, como es el caso de CGT, que se ha mostrado públicamente en desacuerdo.

La paz social

El convenio alcanzado no solo versa sobre salarios, si no sobre derechos sociales. Así, el documento recoge conceptos como la baja por incapacidad temporal, que antes solo contabilizaba desde el día dieciséis y, ahora, dará cobertura desde el cuarto.

Otras modificaciones, como la reducción del número de horas, medidas de conciliación o el abono del complemento de antigüedad desde el año 2017 han quedado, ahora, consolidadas.

Dejan atrás el convenio sectorial de la Comunidad de Madrid

En 2018, el conflicto en el MAD4 de Amazon en San Fernando de Henares dio pie a la consigna ‘Amazon en lucha’, cuando la compañía decidió aplicar a los trabajadores de este centro el convenio sectorial de la Comunidad de Madrid.

Un convenio, apuntaban, cuyas condiciones quedaban por debajo de muchas de las que ya tenían adquiridas en el almacén desde que, en 2012, supusiera la entrada de Amazon al territorio nacional.

Ahora, según ha señalado el sindicato CCOO, el de San Fernando de Henares sería el “único centro de Amazon en España en el que se pactan unas mejoras de las condiciones laborales de estas características, en algunos casos por encima del convenio sectorial”.

Finalmente, casi ‘in extremis’, los empleados han respaldado con un 56 por ciento de los votos esta decisión, poniendo punto y final a un conflicto laboral que se ha saldado con más de una decena de jornadas de huelga y diversas movilizaciones.

Aprobada la ‘Ley Rider’: comienza la cuenta atrás para contratar a todos los repartidores

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales. En plena polémica, donde numerosos ‘riders’ han mostrado su descontento por la medida adoptada, el Ejecutivo ha puesto en marcha la cuenta atrás, donde plataformas como Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats tendrán un máximo de tres meses para contratar a todos estos trabajadores como asalariados.

Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social ha destacado que esta ley “sitúa a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, puesto que no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar al respecto”.

La que ha sido calificada como una medida que “cambiará el signo de los tiempos”, según Díaz, no ha sido recibida con la misma euforia por la Asociación de Plataformas de Servicios Bajo Demanda (APS). El organismo encargado de englobar a las principales plataformas de ‘food delivery’ en España ha lamentado la aprobación del Real Decreto-ley, ya que no se ha dado pie a un debate parlamentario.

La posición del Gobierno

El decreto aprobado es fruto del acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo por el Ministerio de Trabajo, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, afectando a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto y sus trabajadores.

Es decir, no solo afectará a las empresas de reparto de comida, sino a todas aquellas que hagan uso de un algoritmo para prestar servicios de última milla a través de trabajadores autónomos.

La norma reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, donde quedaba establecido que los repartidores eran trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

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Así, según los datos aportados por la ministra, la Inspección de Trabajo ha laboralizado más de 16.000 relaciones laborales, con un impacto económico que ha cifrado en 29 millones de euros.

La posición de la APS

«Lamentamos la aprobación, por la vía de urgencia y sin debate parlamentario, de un decreto que pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español y que ha sido elaborado sin tener en cuenta a sus principales actores: restaurantes, plataformas y, lo más sorprendente, a los propios repartidores», ha señalado la asociación.

Según la misma, mientras España se reivindica como nación emprendedora, esta es la primera ley en Europa que incluye la obligación de revelar sus algoritmos a una empresa tecnológica.

Exdirectivos de El Corte Inglés, Inditex y Scalpers ultiman su apuesta por la omnicanalidad

Poco más de seis meses. Ese es el tiempo que tendrán que esperar Amazon y El Corte Inglés para enfrentarse a un nuevo competidor en el panorama del ecommerce: Wow. Así lo ha hecho saber Dimas Gimeno, expresidente del buque insignia de la marca España, asegurando que, a partir de ese momento, el sector del retail en el país vivirá una “revolución” gracias a una experiencia de compra única y diferencial.

Concretamente, la nueva firma estará liderada por Hugo Cortada y Rafael Medina, cofundador de Scalpers y exdirectivo en Massimo Dutti (Inditex), que acompañarán a Gimeno en su particular proyecto de ofrecer a los clientes una plataforma ‘phygital’.

Según lo previsto, este sistema combinará un marketplace con ubicaciones físicas únicas y un potente plan de expansión a nivel internacional.

Diez millones de financiación

Tras levantar una ronda de financiación de 2,8 millones de euros en octubre, la empresa inició su andadura con el apoyo del fondo de inversión estadounidense FjLab, contando también con la participación de otras compañías de ecommerce como Alibaba, Wish, Wallapop, Vinted y Deporvillage.

Ahora, Wow ultima el cierre de una segunda ronda de financiación, de un total de siete millones de euros. Según han explicado, la ronda se encuentra pendiente del tramo final y servirá para hacer frente a las necesidades de financiación de los próximos doce meses.

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Un paso más en la omnicanalidad

El marketplace, puntualiza Gimeno, ofrecerá a los usuarios una amplia variedad de productos de todo el globo en las categorías de moda, hogar, ocio y hostelería. La diferencia con otras plataformas existentes, asegura, es que el site ofertará artículos que solo se podrían encontrar en tiendas de las principales capitales del mundo.

La estrategia de venta online se verá reforzada al mismo tiempo con un canal offline efímero, con puntos de venta físicos que cambiaran por completo sus ofertas cada seis meses.

El Gobierno promete alejar al transporte profesional del ‘pago por uso’

Si la implantación de peajes a partir de 2024, esbozada por el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, finalmente alcanza el consenso, el Ejecutivo buscará alternativas para dejar exento de pago al sector del transporte.

De concretarse la medida, apuntaba el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, el Gobierno está dispuesto a debatir las compensaciones por el pago de los peajes en las carreteras que ha planteado el proyecto, sobre todo en lo que respecta a los transportistas profesionales.

Equilibrar las cuentas

Si bien el secretario ha defendido que esta es una medida “justa” porque pagarán por la carretera aquellos que la usan, además de impulsar el éxodo a otras formas de transporte menos contaminantes como el ferrocarril, desde que se anunciara esta propuesta han sido numerosas las voces que se han alzado contra los nuevos peajes.

“El consumidor final va a ver cómo el precio de todos los productos sube porque prácticamente todo se transporta en un camión”, adelantaba el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz.

En el caso de que al sector del transporte se le aplicase el céntimo por kilómetro que el Gobierno maneja como el precio que rondarían los futuros peajes, atravesar el país de punta a punta podría suponer un coste adicional de 16 euros por tráiler.

Por otra parte, si se aplicara en base a lo calculado por la patronal de las concesionarias (Seopan) para gravar este tipo de vehículos, que estaría estimado en unos 19 céntimos, esta partida adicional se dispararía hasta los 150 euros.

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De pagar, ¿cuál es la solución?

Más allá de las consecuencias sobre la competitividad del sector y la seguridad de los profesionales, de los que ya alertaba ASTIC la semana pasada, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), ha apuntado que, si se opta finalmente por llevar adelante los planes presentados a Bruselas, el modelo que mejor encajaría sería el del pago de una viñeta anual, como ya se hace en Austria o Hungría.

Para Juan José Gil, secretario general de la Federación, la instalación de pórticos que controlen los coches que circulan para después aplicarlos es un método muy costoso del que las principales beneficiarias serían las empresas concesionarias que los gestionan.

Pago por uso: 4 claves para entender por qué el transporte rechaza “la tasa tóxica»

Toca sacar el calendario y apuntar: 2024. A partir de ese momento, los españoles tendrán que calcular el coste de todos sus viajes y no, no hablamos del tiempo o la gasolina, hablamos de peajes. La política del ‘pago por uso’, unido al principio de ‘el que contamina paga’, ha quedado recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, de alcanzar el consenso, supondrá la implantación de nuevos pagos en la red de carreteras del Estado.

La noticia no ha tardado en generar opiniones a favor y en contra de esta iniciativa que, para el transporte de mercancías, supone la llegada de una “tasa tóxica”, tanto para su actividad en particular y como para la economía en general.

La patronal española del transporte internacional por carretera, ASTIC, dando un paso al frente, ha querido exponer las cuatro razones que han llevado al sector a rechazar de forma frontal la medida propuesta por el Gobierno, alegando motivaciones económicas y de seguridad vial.

Presión fiscal duplicada

Los usuarios de las carreteras españolas, tanto particulares como profesionales del transporte, apuntan desde ASTIC, “ya pagamos mucho más de lo que costamos con nuestros impuestos sobre el combustible”.

Según la asociación, teniendo en cuenta solo el Impuesto Especial de Hidrocarburos, los usuarios de la carretera generan anualmente unos 11.000 millones de euros de ingresos en las arcas públicas. En el caso del transporte profesional, un tercio del coste total operativo corresponde al gasto en combustible, a lo que hay que sumar otra serie de gravámenes, tasas y cargas varias ligadas a la actividad.

Por ello, para ASTIC esta tasa es, en realidad, un “repago”.

Toxicidad para la economía

La denominada como “tasa tóxica” por el transporte de mercancías apunta a los efectos que esta medida tendría sobre la competitividad de la economía española, ya que “encarecería el precio de nuestros productos y lastraría la competitividad del pujante sector exterior de bienes, uno de los principales cimientos de nuestro PIB; y de servicios como es el sustancial volumen de turistas que nos visitan por carretera”.

En España, el 95 por ciento del movimiento terrestre de mercancías y el 85 por ciento del de personas tiene lugar por carretera, gran parte de él en autobuses y autocares.

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El que contamina, paga

Uno de los motivos que se esgrimen, además del coste de mantenimiento de la infraestructura, es imponer estos peajes para reducir el impacto de la carretera sobre el medio ambiente, bajo la premisa de «quien contamina paga».

Sin embargo, ASTIC ha salido en defensa del sector, subrayando que el transporte profesional por carretera en la UE representa menos del 6 por ciento de las emisiones de CO2, es decir, el 0,5 por ciento del total mundial.

Más siniestralidad

Finalmente, la organización ha puesto el foco en la seguridad de los usuarios de las vías que, aclaran, buscarán alternativas para evitar los peajes, exponiéndose a carreteras más peligrosas o en peores condiciones. Por tanto, el tráfico se derivará a vías secundarias, algunas de ellas, con déficit de mantenimiento y conservación.

Para Ramón Valdivia, director general de ASTIC, la existencia de estas infraestructuras permite que la sociedad sea mucho más eficiente, cohesionada y próspera, por lo debe estar sufragada entre todos, “ya que sin duda todos nos beneficiamos de la existencia de una buena red de carreteras; pero hay que insistir en que los usuarios ya pagamos con creces vía impuestos de hidrocarburos”.

“En el reto de la electromovilidad todos tienen claro el qué, pero no los cómo”

Cuando se trata de vehículos eléctricos puros, Europa Occidental es el punto de acceso global, con más de 700.000 unidades vendidas en 2020. Sin embargo, la historia cambia cuando la cuestión es mover mercancías, una actividad imprescindible para la logística que, ante el reto de la electromovilidad, cuenta con más dudas que certezas.

Haciendo frente a este panorama, y con el fin de responder al mayor número de preguntas posibles en torno a la cuestión, el Grupo ‘C de Comunicación’, a través de las áreas de Logística y Material Eléctrico, organizó este jueves la jornada “Los retos de la electromovilidad para los operadores logísticos”. La cita, que se celebró en formato virtual a causa de la pandemia, reunió a directivos de UNO Logística, CITET, AEDIVE, ABB, Circutor, Schneider Electric, Gewiss Ibérica e Invicta Electric.

La logística: clave para un futuro eléctrico

Si bien la matriculación de los vehículos eléctricos ha caído un 25 por ciento en el último año, en el caso de los vehículos comerciales y de última milla la logística está revirtiendo la tendencia. Y es que, como apuntaba Filippo Rivanera, director comercial de Invicta Electric, partner de movilidad del encuentro, “se están generando unas tendencias en la movilidad urbana que van a impulsar nuevas necesidades y reglas”.

Ante este panorama cambiante, algunos de los principales actores del ecosistema de la electromovilidad, como ABB, lo tienen claro: “siempre digo que las flotas logísticas son las que van a impulsar la movilidad eléctrica”, apuntaba Álvaro Vázquez, director de negocio – movilidad eléctrica de la firma.

Así, “cuando parecía que estaba todo hecho, siguen apareciendo nuevas necesidades y normativas”, señalaba Raúl Llamazares, product manager de e-Movilidad de Gewiss Ibérica, refrendando la posición de su contertulio Álvaro Alcalá-Galiano, eMobility Business Development Manager de Schneider Electric, que puntualizó la necesidad de implantar “infraestructuras de recarga flexibles, escalables y fiables para responder a los retos de la movilidad eléctrica, también en el futuro”.

¿Ciudad o polígono?

En el actual contexto de descarbonización e implantación de restricciones a los vehículos diésel en numerosas ciudades, la electromovilidad se posiciona como una solución, ya no solo para reducir las emisiones – pasando de los 300kg de C02 al mes a una cuarta parte de esta cantidad en el caso de la propulsión eléctrica -, como apuntaba Joan Brossa, director de marketing del área de Vehículo Eléctrico y Energías Renovables de Circutor, sino como una alternativa para la reducción de costes, disminuyendo “de los 200 euros al mes a los 20, prácticamente una décima parte de lo que suponen los vehículos tradicionales”.

No obstante, Rafael Aguilera, director gerente de UNO Logística, abordó una de las principales preocupaciones del sector respecto a esta alternativa sostenible ambiental y económicamente: ¿Dónde deben colocarse las infraestructuras?

Para Aguilera, según la tecnología existente lo más interesante es el entorno interurbano: “Si la carga fuera rápida, sería interesante contar con las infraestructuras en las ciudades. Mientras, interesa tenerlas cerca del lugar donde se encuentran las plataformas de distribución, donde pasan más tiempo las flotas”, puntualizó.

Ramón García, director general de CITET, coincidió con lo expuesto por el representante de la patronal logística, señalando que “desde la perspectiva de lo que hay que hacer todos tienen claro el qué, pero no los cómo”, por lo que se hace imprescindible abordar dos derivas: la armonización de la normativa y la constante evolución del modelo urbano.

Convencer a los autónomos

Según García, la única manera de abordar este reto es desde un “enfoque sistémico”, ya que se tienen que dar muchas circunstancias a la vez, como la oferta, demanda, infraestructuras y visión a futuro. Ante el desafío, “hay que poner voz al usuario final”, puntualizando que las soluciones tienen que responder a las necesidades y capacidades del transporte de mercancías, actualmente impulsado en gran parte por pequeñas y medianas empresas, así como autónomos, que deben entender el potencial de esta alternativa.

Por ello, además de la necesaria regulación del sector y una oferta que, como apuntan sus expertos, se adapta a cada proyecto en particular, la verdadera clave para el éxito de estas nuevas formas de movilidad, concluye Arturo Pérez de Lucia, gerente de AEDIVE, es la colaboración entre el sector público y privado, así como entre “todos los actores implicados en la cadena de valor”.

La logística desata el apetito inversor por el producto de última milla

Los activos inmobiliarios del sector logístico, uno de los más resilientes y que mayor interés ha despertado entre los inversores, han cerrado el primer trimestre de 2021 con una variación trimestral positiva. Siguiendo la misma tendencia que el residencial multifamily, el sector se aleja cada vez más del retail y las oficinas, que en este periodo han experimentado un ligero ajuste a la baja en sus valoraciones en comparación con el trimestre anterior.

Dentro de los activos inmobiliarios de los sectores patrimonialistas, tal y como se desprende del Índice CBRE, han destacado el sector inmologístico, que ha incrementado su valor en el primer trimestre de 2021 un 1,4 por ciento, junto al residencial, con un 1,03 por ciento más.

Un apetito desatado por la última milla

Las valoraciones de los 42 activos inmologísticos analizados en el estudio arrojan una revalorización trimestral respecto al cuarto trimestre del año anterior, después de cerrar 2020 con una revalorización anual del 4 por ciento.

“Los datos de inversión y contratación del primer trimestre posicionan al sector logístico como uno de los segmentos más sólidos, destacando el creciente apetito inversor por el producto de última milla”, explica Fernando Fuente, director nacional Valuation & Advisory Services CBRE España.

Fuente añade con relación a las rentas, que se han mantenido estables en el primer trimestre debido al aumento de la oferta disponible de las naves de grado A, que “no se esperan cambios importantes en los próximos meses, si bien habrá un aumento de incentivos en nuevos contratos de arrendamiento”.

Correos niega que exista un plan para traspasar su actividad a Correos Express

En respuesta a las movilizaciones de los últimos meses en distintos puntos del país, Correos ha negado que exista un plan de privatización del operador postal público, reafirmando que su relación con Correos Express responde a “las habituales sinergias” y está delimitada por la normativa aplicable.

La empresa pública contesta así a las acusaciones vertidas en varias delegaciones de España, que durante esta semana han concentrado sus movilizaciones en Mallorca, comenzado por Manacor. Así, Correos niega rotundamente que se esté produciendo trasvase alguno de su actividad a la filial de paquetería urgente, rechazando al mismo tiempo que exista una previsión de pérdidas de 634 millones de euros para 2023.

El desplome del sector postal

A través de un comunicado, Correos ha apuntado que el 65 por ciento de sus ingresos, referentes a la actividad postal, se ha visto fuertemente afectado por la pandemia, con 560 millones de cartas menos que en 2019.

Sin embargo, no existe una previsión de pérdidas semejantes para 2023, tal y como han incidido desde la compañía, que apunta a que las pérdidas recogidas en el plan operativo anual en el ejercicio 2021 son de 77 millones.

Al respecto, Correos ha indicado que se encuentra inmerso en un proceso de transformación de su modelo de negocio que permita generar suficientes ingresos para revertir esta situación. Para ello contempla la diversificación de servicios, la internacionalización y una mejora de la eficiencia.

“Desayunos reivindicativos”

En el otro lado de la balanza, el pasado martes, los carteros de Baleares, junto con los delegados de CCOO y UGT, iniciaron una ronda de “desayunos reivindicativos” para anunciar el “desguace” de la empresa pública.

A través de estas acciones, los empleados del operador postal solicitan que el servicio público quede incluido en la agenda de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Además de reclamar un servicio “sostenible, eficaz, moderno y eficiente”, los trabajadores han solicitado al Gobierno que defina su proyecto para Correos en lo que los sindicatos están denunciando como un plan de Juan Manuel Serrano, presidente de la compañía, para convertir a Correos en “un modelo logístico, de negocio puro, al servicio del mercado”.