En lo que ha sido definido por AECOC como una “medida injustificada”, tomada de “manera precipitada” y “de espaldas al sector”, el Servei Català de Trànsit anunciaba el pasado viernes que, a partir del 10 de septiembre, quedaba prohibida la circulación de vehículos de transporte de más de 7,5 toneladas por la AP-7 en Cataluña.
La resolución, tal y como quedaba recogida en el Diario Oficial de la Generalitat, acordaba así la prohibición a la circulación de camiones en la autopista todos los domingos de este mes, con el objetivo de aliviar las congestiones ocasionadas los pasados fines de semana en la citada vía.
El sector responde
El perjuicio que la restricción a la circulación puede suponer para diversos sectores económicos, así como para la competitividad empresarial – ya que el 60 por ciento de las exportaciones españolas por carretera pasan por la AP-7 -, han hecho que el transporte y el gran consumo alcen la voz.
Uno de los primeros en hacerlo ha sido la Confederación Empresarial de Transportes por Carretera de Cataluña (CETCAT), que ya se ha reunido de urgencia y ha cordado presentar junto con otras organizaciones de transporte un Recurso ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo para pedir la suspensión cautelarísima de la prohibición de circulación.
Para este organismo, “no hay ninguna justificación que avale la adopción de dicha prohibición” y aseguran sentirse, “una vez más, señalados y criminalizados por la administración”.
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Sin alternativa
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España defiende que esta medida no es justa para el sector, teniendo en cuenta que mientras la autopista era de pago los camiones han estado obligados a utilizarla, al prohibirles circular por las carreteras nacionales paralelas a la autopista, y ahora que es gratuita se les expulsa de la misma, impidiéndoles que puedan transitar por ninguna otra vía alternativa.
El impacto sobre el suministro
En esta línea, la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC), ha alertado que la resolución afecta especialmente al suministro de productos básicos, ya que los domingos son días esenciales para el reparto y reposición de las ventas del fin de semana en los establecimientos de todo el país.
Además, aclaran, los problemas de congestión de la AP-7 no son ocasionados por el transporte de mercancías que, no obstante, resulta el principal perjudicado. Por tanto, “esta medida contribuirá muy poco a la hora de eliminar la congestión del tráfico” y, por el contrario, “tendrá un gran impacto en las empresas”.
Por ello, la asociación ha solicitado al Servei Català de Trànsit reconsiderar la decisión tomada y no repercutir el impacto del levantamiento de los peajes sobre las empresas y los transportistas.