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Transportave, la asociación nacional que alberga el 70% de autónomos y pymes dedicados al transporte portavehículos, celebró en la ciudad de Albacete el primer Congreso Nacional del Transporte de Vehículos (portavehículos), bajo el título “La Situación Actual Del Transporte”. Dicho Congreso aglutinó a autónomos y empresas del sector, con sede en los diferentes puntos de nuestra geografía, y contó con la colaboración de diferentes ponentes profesionales, juristas, ingenieros, graduados sociales, formadores, y técnicos de la propia asociación vinculados al sector.

Dichos ponentes analizaron el recorrido del sector de transporte portavehículos durante los últimos diez años, poniendo en perspectiva la situación generada en este colectivo, así como el camino que se ha seguido para llegar a la misma, situación que este colectivo advierte e interpreta como insostenible, generando abandonos masivos de esta actividad principalmente por estos autónomos y pymes que son los más débiles de toda la cadena. Estos carecen de medidas de protección, tanto por parte de la administración (que los abandona a su suerte), como por la demagogia de los cargadores que los humillan y se aprovechan de dicha vulnerabilidad para cambiarles las reglas del juego.

Como conclusiones del congreso, por consenso de todos los asistentes, podemos citar la necesidad de organización del sector en un frente común que permita abordar el futuro, con cierta tranquilidad, así como analizar, mediante la obtención de datos los parámetros de análisis en cada reunión.

Asimismo, se ha acordado la programación de un calendario de reuniones donde hacer partícipes a los transportistas de la importancia que tienen y lo imprescindibles que resultan dentro de este sector, además de la rápida adaptación y dinamismo tanto de autónomos cómo pymes a las circunstancias de las necesidades de transporte Esto último se traduce en una gran ventaja dentro de este sector.

Por último, transmitir a todos los afectados la necesidad de abordar los problemas desde la unión, así como trasladar a los grandes operadores que no pueden consentir el abuso y la mala praxis a la que son sometidos sus propios subcontratados. Dichos operadores no poseen, en la mayoría de casos, de un 10% de los vehículos que realizan los transportes, pero se permiten marginar y llevar al precipicio a dichos transportistas que trabajan para ellos en exclusiva. Todo esto se traducirá en una hoja de ruta, que permita ordenar todos estos puntos y las acciones necesarias para la estabilidad y sostenimiento de este colectivo.

La tramitación de la Ley francesa de lucha contra el cambio climático ya cuenta con el visto bueno del Consejo Constitucional y ha sido refrendada por ambas cámaras legislativas, por lo que entrará en vigor en breve. Según informa Fenadismer, incorpora medidas que podrían afectar negativamente al desarrollo del transporte por carretera y a las empresas francesas y a las españolas que transitan por sus carreteras.

Entre las medidas de la Ley que afectan directamente al transporte por carretera, destaca la prohibición de circulación de vehículos de transporte propulsados por combustibles fósiles en los ámbitos metropolitanos de las ciudades de más de 150.000 habitantes a partir del 31 de diciembre de 2024. En apenas 3 años, los vehículos diésel o de gasolina ya no podrán circular en dichas poblaciones, mientras que la disponibilidad de vehículos limpios seguirá siendo muy limitada.

También se prevé que se eliminará completamente la devolución parcial del impuesto sobre los carburantes (gasóleo profesional) el 1 de enero de 2030, lo que, según Fenadismer, resulta incongruente “ya que simultáneamente se permitirá seguir vendiendo vehículos que utilizan combustibles fósiles hasta el año 2040”, por lo que los transportistas serán gravados con impuestos elevados durante al menos 10 años.

Asimismo, nueva Ley prevé la posibilidad de diferenciar los precios de los peajes según el tipo de motorización o las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos. Para la asociación de transportistas española, “esto significa que además de pagar un alto precio por el diésel profesional a partir de 2030, los transportistas pagarán aún más en los peajes, pese a que esos mismos peajes se han incrementado en más de un 40 por ciento desde la privatización de las empresas que las gestionan”. La Ley también prevé que los Gobiernos regionales puedan implantar a partir de 2024 una “ecotasa” a los camiones por el uso de las carreteras nacionales francesas.

Fenadismer considera que dichas medidas son “una “cruzada” irracional y alejada de la realidad hacia el colectivo del transporte por carretera, que supone ignorar el servicio tan esencial que presta el sector para el desarrollo de las restantes actividades económicas y el suministro de los productos que demandan los ciudadanos diariamente”. La asociación recuerda por último que “hay que tener en cuenta que, según varios estudios científicos, los transportistas emiten menos del 6 por ciento de las emisiones de CO² a nivel nacional y el 1 por ciento de las emisiones a nivel mundial. El hecho de que los transportistas franceses paguen más impuestos no resolverá el problema del cambio climático, pero sí contribuirá a la “muerte” económica de los transportistas, especialmente de los de menor dimensión”.