Gracias al compromiso asumido por el Gobierno con las asociaciones de transportistas el pasado mes de Julio, se ha promovido un proyecto de ley de establecimiento de un régimen sancionador para luchar contra la morosidad específica del sector del transporte por carretera que se da por parte de los cargadores hacia los transportistas. La norma se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.
Según denuncia Fenadismer, las empresas cargadoras, a través de su “lobby” de presión, han tratado de influir en diferentes grupos políticos para tratar de “descafeinar” el contenido de dicha ley eliminando su carácter disuasorio. En concreto, la asociación de transportistas señala a los grupos Partit Demòcrata de Catalunya y el Partido Popular, los que han presentado un conjunto de enmiendas al texto del proyecto de ley, proponiendo rebajar de forma “escandalosa” el importe de las multas inicialmente recogidas al reducir a sólo una sexta parte las cuantías de las sanciones, e incluso proponiendo demorar su entrada en vigor hasta en 6 meses bajo la excusa de la pandemia.
Fenadismer ha señalado que “confía en que el apoyo del resto de partidos políticos al texto original del proyecto de ley, según han manifestado expresamente a las asociaciones de transportistas, haga decaer dichas enmiendas y, en consecuencia, la ley quede aprobada y pueda entrar en vigor definitivamente en los próximos meses”.
Cabe recordar que, tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, prohibiendo en todo caso que el plazo de pago máximo superara los 60 días. Sin embargo, en la práctica la falta de un régimen sancionador que penalice el impago en dichos plazos, ha supuesto en la práctica un incumplimiento generalizado de dicha ley. Así, en el sector del transporte por carretera, conforme a los datos extraídos del Observatorio de la Morosidad que mensualmente elabora Fenadismer se evidencia que en torno a dos terceras partes de los clientes de los transportistas incumplen de forma reiterada la ley de morosidad, llegándose a el plazo medio de pago en 2020 se situara en más de 80 días de media.