Con un mes de retraso, la Diputación de Guipúzcoa se ha comprometido a aplicar el Auto del Tribunal Supremo que confirma la ilegalidad de los peajes a camiones en las carreteras N-1 y la autopista A-15, y anunciado que paralizará su cobro a los transportistas. Sin embargo, ahora es la Diputación de Vizcaya la que anuncia su intención establecer peajes a camiones en la mayor parte de su red viaria para obligar a los camiones a circular por las autopistas de peaje.
Un mes ha tardado la Diputación de Guipúzcoa en dar su “brazo a torcer” para admitir que no le queda más remedio que paralizar el cobro de los peajes a camiones puestos en marcha en 2018 tanto en la N-1 como en la A-15, tras la sentencia ya firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara nulo la norma que lo regula, tras el Auto del Tribunal Supremo de inadmisión del recurso de casación notificado a las partes el pasado mes de Mayo. La querella criminal presentada por las asociaciones de transportistas hace una semana ha debido hacer reconsiderar su actitud al órgano de gobierno vasco, lo que ha llevado a la Diputación de Guipúzcoa a anunciar su intención de suspender el cobro de los peajes una vez que se publique en próximos días la sentencia en el Boletín Provincial.
Paralelamente, emulando a su vecina Guipúzcoa y tras el anuncio del Gobierno de Navarra de hacerlo lo mismo en su red viaria en los próximos meses, la Diputación de Vizcaya ha anunciado su intención establecer también peajes a camiones en la mayor parte de su red viaria para obligar a los camiones a circular por las autopistas de peaje.
La diputación de Vizcaya ha anunciado su intención de aplicar la medida a partir del otoño del 2022, en forma de un canon al paso de los camiones por varias carreteras vizcaínas, con el objetivo de redistribuir el tráfico de más de 4000 camiones diariamente a las actuales autopistas de peaje. Esta medida se articularía a través de la instalación de una treintena arcos de control en diferentes vías provinciales, entre otras, en la A-8, la N-240, la N-636 y la N-637, que mediante un sistema de comprobación de matrícula cargaría directamente el importe del peaje en la empresa transportista titular del camión sin necesidad de detenerse.
Fenadismer ya ha anunciado que estará “vigilante” a la norma foral que finalmente se apruebe sobre su compatibilidad con la normativa europea sobre tarificación de infraestructuras y su carácter no discriminatorio.