El levantamiento de los peajes en las autopistas AP-7 y AP-2 desde el pasado miércoles 1 de Septiembre, como consecuencia de la finalización de ambas concesione, ha llevado a la Generalitat de Cataluña aampliar desde ese mismo día la restricción a la circulación de camiones que puso en vigor en Septiembre de 2018 en las provincias de Tarragona, Lleida y Barcelona, por las carreteras nacionales N-340 y N-232, y obligando al tráfico pesado a circular por las autopistas AP-7 y AP-2. Estas prohibiciones se sumaban a las de la provincia de Girona, que fue aprobada en 2013.
Así, el Servicio Catalán de Transito amplía el tramo de N-240 sujeto a la prohibición de circulación de camiones de 4 o más ejes en la provincia de Lleida, con lo que ahora abarcará desde el PK 87,4, en Lleida, al PK 36,5, en Montblanc, por lo que en la práctica desde la salida Variante Sur de la ciudad de Lleida (salida 5) los camiones deberán coger la autopista AP-2 si se desplazan en dirección Cataluña, y no desde Borges Blanques como estaba establecido anteriormente. No obstante, quedarán exceptuados de dicha restricción los transportes cuyo origen o destino de la mercancía estén situados en municipios incluidos en el tramo de carretera restringido.
Según a señalado la asociación de tansportistas FENADISMER, la decisión resulta «desproporcionada y carente de toda lógica», ya que el levantamiento de los peajes ocasionará «un trasvase importante de vehículos particulares a la autopista, como se ha demostrado en las otras autopistas que han quedado liberadas en los años anteriores, por lo que carece de sentido prohibir que los camiones puedan seguir circulando por las carreteras nacionales si éstas quedan sin apenas tráfico». Además, para esta asociación hay que tener en cuenta que, «los camiones tienen limitada técnicamente la velocidad máxima, lo que puede ralentizar la velocidad del resto de vehículos en las autopistas, más aún si se prevé un importante aumento de su utilización al eliminarse los peajes».